Alertan por riesgo en fondos de pensiones del magisterio y burócratas

Adncoahuila
Análisis de la Auditoría Superior anticipa que el de burócratas estatales se descapitalizará el año próximo; el del Magisterio ya no tiene reservas
Saltillo, Coah. INFONOR.- Un nuevo análisis de la solvencia y sostenibilidad de los fondos de pensiones estatales por parte de la Auditoría Superior del Estado concluyó que tanto la Dirección de Pensiones Para los Trabajadores de la Educación como el Instituto de Pensiones de los Trabajadores al Servicio del Estado están en riesgo grave ya que ambos presentan severos desequilibrios financieros.
El fondo de los burócratas estatales, según el órgano fiscalizador,  se descapitalizará en el próximo año y sus gastos operativos son muy elevados,mientras que el del Magisterio ya no tiene reservas actuariales y recibe aportaciones extraordinarias.
“La mitad de las pensiones de la DIPETRE se paga con aportaciones extraordinarias del Gobierno del Estado”; en el Fondo de la Vivienda, Seguro Médico y Seguro de los Trabajadores de la Educación es necesario realizar acciones para fortalecer los ingresos y disminuir los gastos operativos.
La Auditoría Superior del Estado presentó su informe anual de resultados correspondiente al ejercicio fiscal 2018, en el que la Universidad Autónoma de Coahuila representó el 52 por ciento del monto observado a un total de 145 entes públicos fiscalizados.
El valor total observado a la Universidad fue de 2 mil 792 millones de pesos, y entre las observaciones están: falta de conciliaciones bancarias, empleados que percibieron sueldos por dos o más plazas sin acreditarse la compatibilidad de horarios, pago de categorías que no figuran en el tabulador, y falta de documentación comprobatoria y justificativa de ciertas erogaciones efectuadas con proveedores y prestadores de servicios.
El auditor Superior Armando Plata Sandoval, expresó que los saldos encontrados de manera general entre los entes auditados no fueron reales, entre otros motivos por la falta de cumplimiento del proceso previsto en la Ley de Entrega – Recepción del Estado y Municipios de Coahuila, y por la “crónica deficiencia de no verificar periódicamente saldos contables, contra los elementos físicos y legales que acrediten su debido valor y existencia”.
Torreón y Monclova son de los municipios que mayores observaciones presentaron y en el ámbito paraestatal la Promotora para el Desarrollo Minero (Prodemi), en tanto que seis municipios pequeños, entre ellos Abasolo y Parras; y dos sistemas de agua ni siquiera timbraron su nómina, lo que pone en riesgo el patrimonio público.
El monto observado total fue de 6 mil millones de pesos, y de ellos 120 millones de pesos corresponden a entidades estatales.
Tres municipios: Parras, Villa Unión y San Juan de Sabinas, no presentaron su Plan Municipal de Desarrollo, en tanto que el resto de ayuntamientos, exceptuando Saltillo, Torreón y Arteaga, lo hicieron con un diseño ineficiente que no cumple con los elementos mínimos que debe cumplir un plan de este tipo según el Código municipal, pues no precisan la demanda social ni la oferta de gobierno; además de que no presentan claramente sus objetivos y metas.
Se evaluaron 11 programas sectoriales del gobierno estatal para la administración 2017-2023 y se encontró que algunos no presentan una definición clara de los problemas públicos que se quiere atender ni el análisis de causa-efecto de dichos problemas, y en otros existe una débil vinculación de las problemáticas identificadas y los objetivos establecidos, “por otro lado; no existe alineación de los programas sectoriales con programas presupuestarios, ni el diseño del presupuesto basado en resultados”.
Respecto de la deuda pública, se presentó en el informe, un ejercicio acumulado del 2012 al 2018, tomando en cuenta que se dieron los efectos del primer proceso de reestructuración en el primer año citado, y se encontró que en 2018 la deuda pública ascendió a poco más de 37 mil millones de pesos, de los cuales se han pagado en ese período 30 mil 806 millones de servicio de la deuda, y de ellos 5 mil 994 son amortizaciones y el resto gastos de reestructuras, comisiones y coberturas.
En 2012 la deuda estatal representó el 112 por ciento del presupuesto, y en el 2018, el 79 por ciento; de acuerdo al auditor, la reducción corresponde más al incremento del presupuesto por concepto de aumentos inflacionarios anuales.
Las entidades también rebasaron los parámetros máximos permitidos en el incremento del gasto correspondiente a servicios personales, en total 16 entidades los rebasaron; 24 tuvieron un balance presupuestario negativo y 23  un balance de recursos presupuestales negativo; 19 tuvieron incrementos injustificados de los gastos, respecto de lo aprobado en el presupuesto.