Saltar al contenido
Análisis de la
Auditoría Superior anticipa que el de burócratas estatales se descapitalizará
el año próximo; el del Magisterio ya no tiene reservas
Saltillo, Coah.
INFONOR.- Un nuevo análisis de la solvencia y sostenibilidad de los fondos de
pensiones estatales por parte de la Auditoría Superior del Estado concluyó que
tanto la Dirección de Pensiones Para los Trabajadores de la Educación como el
Instituto de Pensiones de los Trabajadores al Servicio del Estado están en
riesgo grave ya que ambos presentan severos desequilibrios financieros.
El fondo de
los burócratas estatales, según el órgano fiscalizador, se descapitalizará en el próximo año y sus
gastos operativos son muy elevados,mientras que el del Magisterio ya no tiene
reservas actuariales y recibe aportaciones extraordinarias.
“La mitad de
las pensiones de la DIPETRE se paga con aportaciones extraordinarias del
Gobierno del Estado”; en el Fondo de la Vivienda, Seguro Médico y Seguro de los
Trabajadores de la Educación es necesario realizar acciones para fortalecer los
ingresos y disminuir los gastos operativos.
La Auditoría
Superior del Estado presentó su informe anual de resultados correspondiente al
ejercicio fiscal 2018, en el que la Universidad Autónoma de Coahuila representó
el 52 por ciento del monto observado a un total de 145 entes públicos
fiscalizados.
El valor total
observado a la Universidad fue de 2 mil 792 millones de pesos, y entre las
observaciones están: falta de conciliaciones bancarias, empleados que
percibieron sueldos por dos o más plazas sin acreditarse la compatibilidad de
horarios, pago de categorías que no figuran en el tabulador, y falta de
documentación comprobatoria y justificativa de ciertas erogaciones efectuadas
con proveedores y prestadores de servicios.
El auditor
Superior Armando Plata Sandoval, expresó que los saldos encontrados de manera
general entre los entes auditados no fueron reales, entre otros motivos por la
falta de cumplimiento del proceso previsto en la Ley de Entrega – Recepción del
Estado y Municipios de Coahuila, y por la “crónica deficiencia de no verificar
periódicamente saldos contables, contra los elementos físicos y legales que
acrediten su debido valor y existencia”.
Torreón y
Monclova son de los municipios que mayores observaciones presentaron y en el
ámbito paraestatal la Promotora para el Desarrollo Minero (Prodemi), en tanto
que seis municipios pequeños, entre ellos Abasolo y Parras; y dos sistemas de
agua ni siquiera timbraron su nómina, lo que pone en riesgo el patrimonio
público.
El monto
observado total fue de 6 mil millones de pesos, y de ellos 120 millones de
pesos corresponden a entidades estatales.
Tres
municipios: Parras, Villa Unión y San Juan de Sabinas, no presentaron su Plan
Municipal de Desarrollo, en tanto que el resto de ayuntamientos, exceptuando
Saltillo, Torreón y Arteaga, lo hicieron con un diseño ineficiente que no
cumple con los elementos mínimos que debe cumplir un plan de este tipo según el
Código municipal, pues no precisan la demanda social ni la oferta de gobierno;
además de que no presentan claramente sus objetivos y metas.
Se evaluaron
11 programas sectoriales del gobierno estatal para la administración 2017-2023
y se encontró que algunos no presentan una definición clara de los problemas
públicos que se quiere atender ni el análisis de causa-efecto de dichos
problemas, y en otros existe una débil vinculación de las problemáticas
identificadas y los objetivos establecidos, “por otro lado; no existe
alineación de los programas sectoriales con programas presupuestarios, ni el
diseño del presupuesto basado en resultados”.
Respecto de la
deuda pública, se presentó en el informe, un ejercicio acumulado del 2012 al
2018, tomando en cuenta que se dieron los efectos del primer proceso de
reestructuración en el primer año citado, y se encontró que en 2018 la deuda
pública ascendió a poco más de 37 mil millones de pesos, de los cuales se han
pagado en ese período 30 mil 806 millones de servicio de la deuda, y de ellos 5
mil 994 son amortizaciones y el resto gastos de reestructuras, comisiones y
coberturas.
En 2012 la
deuda estatal representó el 112 por ciento del presupuesto, y en el 2018, el 79
por ciento; de acuerdo al auditor, la reducción corresponde más al incremento
del presupuesto por concepto de aumentos inflacionarios anuales.
Las entidades
también rebasaron los parámetros máximos permitidos en el incremento del gasto
correspondiente a servicios personales, en total 16 entidades los rebasaron; 24
tuvieron un balance presupuestario negativo y 23 un balance de recursos presupuestales
negativo; 19 tuvieron incrementos injustificados de los gastos, respecto de lo
aprobado en el presupuesto.