Decisiones de CFE reactivan riesgos de inseguridad de carboneros

Adncoahuila

Con su selección de proveedores de carbón. No existen ni proponen mecanismos de control permanente

Múzquiz, Coah.INFONOR.- Al anunciar la próxima reanudación de pedidos en la Región Carbonífera, la Comisión Federal de Electricidad argumentó que por justicia social se daría preferencia a las más pequeñas empresas, lo que resulta falso cuando se constata la simulación existente en la lista de 50 adjudicados recopilada por los inconformes.

“Al igual que en el caso de las familias Guadiana, Flores y Mendoza, hay otros casos de simulación para acumular pedidos y estamos hablando de las 50 empresas que nosotros logramos identificar, pero faltan aún otras 25 y habría que ver que más esconden, porque se han resistido a publicar la lista”, afirmaron.

A los casos señalados inicialmente, agregaron los de la familia Yutani, con aviso de tres pedidos a través de las razones sociales Carbonífera las Dos Glorias, RSY Mineras y Minera Los Arcángeles, todas proveedoras anteriores de la Promotora para el Desarrollo Minero, PRODEMI, entidad estatal que fue marginada del proceso.

De acuerdo con sus datos, Víctor Manuel Fuentes Flores figuraría con dos empresas, Minera Fuga y Minera Zeduvik, al igual que Hugo Martínez, con Grupo Empresarial MG y Taka Química Aplicada.

Señalan con cuatro razones sociales a Luis González Garza y Régulo Zapata, socios: Carbonífera Dalupa de Sabinas, Minera Carbonífera Los Lirios, Infraestructura Minera CATAMCO y Corporativo el 88.

De acuerdo con información publicada anteriormente por Familia Pasta de Conchos y registros de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, estos dos empresarios desde la década pasada han acumulado una larga lista de irregularidades en sus operaciones, con 17 muertes por accidentes, subregistros o no registros en el IMSS, explotaciones clausuradas y desaseo ambiental.

Similar es el caso de Eduardo Rubén Morales, que postuló las empresas Carkim Industrial y Rodamientos y Equipos de Coahuila, esta última señalada como responsable directa del accidente ocurrido en un pozo cercano a La Florida, donde fallecieron 7 trabajadores.

Entre otros que habrían registrado al menos dos empresas con posible adjudicación de pedidos por parte de la Comisión Federal de Electricidad, figuran Luis Alfonso Rodríguez con Grupo Sacu y Consorcio Minero AG, así como el monclovense Grupo Kamar, con Minera Siderúrgica de Coahuila y Minera Carbonífera Casari.

Grupo Kamar, recordaron, fue responsable de dos accidentes con muerte de 4 trabajadores y hace poco fue adjudicado para ejecutar obras en la refinería de Dos Bocas, Tabasco, polémico proyecto impulsado como inversión sexenal prioritaria por el Presidente López Obrador.

Otras acumulaciones denunciadas corresponden a la familia de Juan Adolfo García con 3 empresas, la de Abelardo Jiménez con 2, la García Soto con 2, la de Antonio Garza Evaristo con Minera Dalma y Minera Dos Ríos, que al igual como otras de las adjudicadas señalan que extraerán en concesiones pertenecientes a Minera del Norte, la principal productora regional que entrega el mineral a Altos Hornos de México.

La casi totalidad de las empresas que integrarían la desconocida lista confeccionada por la CFE, como resultado de una supuesta investigación de meses en la Región Carbonífera, han registrado clausuras y sanciones por violaciones a las normas de seguridad, por trabajo de menores, falseamiento de datos en el IMSS y, pese al desastre ambiental en la región, ninguna ha sido penada por daños ecológicos.

“La verdad es que el proceso de autorización ambiental es muy engorroso y resulta incosteable para los pequeños productores, por lo que trabajan `a la brava´ o inventan subterfugios, como ampararse en supuestos manifiestos de impacto ambiental que poseen las uniones de carboneros”, refirió un ex funcionario de la SEMARNAT.

A pesar de esa larga lista de irregularidades, las que han dominado desde el siglo pasado en la actividad minera de la Región Carbonífera, ni la CFE ni la subsecretaría de Minería han propuesto algún ente con capacidad permanente de control sobre los adjudicados, adicional a la muy limitada oficina local de la STPS, que en múltiples ocasiones ha impuesto clausuras y sanciones cuyo cumplimiento posteriormente no puede controlar.