México 2026: Siete años de morenismo y el país al borde del precipicio

Entre un crecimiento raquítico, un poder político concentrado y una sociedad agotada por la violencia y la precariedad, México enfrenta 2026 con más dudas que certezas.

Por: Jorge Arturo Estrada García | Siete años después, el morenismo encara su propia corrupción, incapacidades e impunidades. El país que prometía regenerarse, desde las raíces, amanece hoy con un Estado más autoritario, con instituciones más débiles y una economía desgastada, que apenas respira por la inercia del mercado estadounidense. Ya no basta con repetir la demagogia. La magia se agotó junto a la esperanza.  Los viejos discursos, sobre la lucha contra la corrupción, o el gobierno del pueblo, son huecos. Ya, lo único sólido es el dinero de las becas que se reparten.

En este 2025, México genera uno de los ciclos más tóxicos de la historia reciente: un gobierno que presume haber rescatado a los pobres, mientras deja en ruinas las finanzas públicas. Un régimen, que presume legitimidad democrática, mientras desmantela los contrapesos que la hacían posible.

En lo económico, los siete años de morenismo han dejado una extraña mezcla de triunfalismo y parálisis. La reducción de la pobreza por ingresos que se exhibe como logro, pero su costo estructural es terrible: un déficit de 4.1% del PIB en 2026, una deuda que ya rebasa los 20 billones de pesos, y un crecimiento previsto de apenas menos del uno por ciento. que no alcanza ni para igualar el crecimiento de la población.  El desarrollo retrocede.

En la actualidad, el Estado sostiene el gasto social con deuda, subsidio a aeropuertos vacíos, líneas aéreas quebradas y trenes deficitarios. Simultáneamente, Pemex y la CFE se hunden como piedras amarradas al cuello de las finanzas públicas. Simultáneamente, los delitos de las bandas del Huachicol fiscal y el huechidiesel dañan severamente los ingresos de las paraestatales, mientras permanecen en la impunidad.

En lo político, el sistema democrático vive un proceso de autoritarismo acelerado. El morenismo consolidó un control hegemónico disfrazado de triunfo electoral. El viejo sueño priista de una “dictablanda”, renovada, tomó forma con elecciones fraudulentas.

Asimismo, el fantasma del Maximato del expresidente, Andrés Manuel López Obrador, deja, a la nueva administración, atrapada entre la obediencia y la simulación. La reforma judicial, aprobada sin consenso, se convirtió en el mayor golpe a la arquitectura institucional del país: jueces electos por voto popular, expuestos a la presión de cárteles, partidos y caudillos regionales, en un giro que coloca a la justicia en manos de la demagogia.

El federalismo fue otra víctima silenciosa. El centralismo presupuestal acabó por asfixiar a los estados, que durante casi una década vieron evaporarse más de 2.5 billones de pesos en fondos y programas eliminados. Ninguna entidad federativa puede planear seriamente su infraestructura, su seguridad o su desarrollo sin pasar primero por el escritorio del poder central. El mensaje es claro: la lealtad política vale más que la gente, los proyectos o el rendimiento de cuentas. El país funciona como en el viejo sistema priísta, en donde el centro ordena y las provincias obedecen, con o sin recursos.

En el terreno social, el país vive un doble rostro. La reducción de la pobreza monetaria es real, aunque sostiene su éxito sobre un andamiaje tambaleante: transferencias que crecieron 101%, ingresos laborales que no alcanzan para comprar la canasta básica y una informalidad del 54.6% que condena a millones a la precariedad perpetua. A ello se suma el derrumbe del sistema de salud: 24 millones de personas adicionales sin acceso médico, 62 millones sin seguridad social y un gasto de bolsillo que erosiona cualquier beneficio de los programas sociales. La educación tampoco levanta: México se hundió a los últimos lugares de la OCDE, incapaz de enseñar matemáticas, ciencia o lectura a un país que aspira a competir en el siglo XXI.

De igual forma, la violencia sigue marcando el pulso del país. A estas alturas, los homicidios y desapariciones ya no solo son frías cifras: son un paisaje cotidiano. Más de 13 mil desaparecidos en 2025. Ningún proyecto de nación puede sostenerse con un país que vive con miedo de salir a la calle, ni con una autoridad que presume abrazos en informes oficiales, mientras la realidad exige urgencia y Estado de Derecho.

El 2026 se perfila como un año decisivo. El país llega desgastado, dividido y consciente de que los logros sociales aun no alcanzan para ocultar la inminencia de un colapso estructural. La economía necesita inversión, crecimiento y estabilidad fiscal; la política requiere contrapesos, legalidad y un nuevo pacto democrático; la sociedad exige seguridad, salud y oportunidades reales. México puede corregir el rumbo o continuar su lenta deriva hacia la fragilidad permanente. Lo que está en juego no es la continuidad de un proyecto político, sino la solidez misma del país. Sin embargo, en Tabasco y Palacio Nacional, no piensan lo mismo. Veremos.