Participa UAdeC en el Encuentro Nacional para el Fortalecimiento de la Educación Superior

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SALTILLO, Coahuila; 31 de octubre de 2019.- La Universidad Autónoma de Coahuila, a través de su rector Salvador Hernández Vélez y con la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), participó en el Encuentro Nacional para el Fortalecimiento de la Educación Superior los días 29 y 30 de octubre de 2019, en el Centro Cultural Universitario Tlatelolco de la Universidad Nacional Autónoma de México.

SALTILLO, Coahuila; 31 de octubre de 2019.- La Universidad Autónoma de Coahuila, a través de su rector Salvador Hernández Vélez y con la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), participó en el Encuentro Nacional para el Fortalecimiento de la Educación Superior los días 29 y 30 de octubre de 2019, en el Centro Cultural Universitario Tlatelolco de la Universidad Nacional Autónoma de México.

El evento fue convocado por las comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública; de Educación; de Ciencia, Tecnología e Innovación; y de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados, así como las comisiones de Educación y de Ciencia y Tecnología de la Cámara de Senadores, en coordinación con la Auditoría Superior de la Federación y la ANUIES.

A través del diálogo franco y constructivo entre las autoridades gubernamentales, actores educativos y organismos sindicales como CONTU, FNSU y CNSUESIC, se logró la identificación de los principales problemas y retos que enfrentan las instituciones públicas de educación superior; asimismo se expresaron diversas propuestas de solución y se establecieron compromisos por parte de los involucrados para avanzar en la transformación del sistema y de las políticas de educación superior.

El encuentro se dio en torno a cuatro temas: la obligatoriedad y gratuidad de la educación superior; transformación de las IES para fortalecer su contribución al desarrollo local, regional y nacional; atención a los problemas estructurales de las universidades públicas; y acciones hacia una política de financiamiento para la educación superior con visión de Estado.

Con base en ello, los participantes señalaron que la experiencia mundial demuestra que la educación superior, la ciencia, la tecnología y la innovación, son factores estratégicos para el desarrollo de las naciones, para la reducción de las desigualdades sociales y para el bienestar de las personas.

Por ello se suman al consenso logrado en las diversas conferencias regionales y mundiales de educación superior celebradas con el patrocinio de la UNESCO, en las que se ha reconocido que la educación superior constituye un bien público social, un derecho humano y universal, y un deber de los Estados.

Agregaron que los principios del artículo tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos incorporados en la reciente reforma constitucional en materia educativa, confieren una base sólida para construir un acuerdo nacional para la transformación de la educación superior, que incluya el establecimiento de un nuevo modelo de financiamiento de la educación superior, la ciencia, las humanidades y la tecnología.

Asimismo, sostienen que la autonomía universitaria, en el caso de las instituciones que la ley lo dispone, así como la libertad de pensamiento, de cátedra y de investigación, constituyen condiciones y principios fundamentales e imprescindibles para el buen desarrollo de la educación superior, y representan una exigencia para todas las instituciones, lo que demanda su ejercicio con plena responsabilidad social para contribuir al desarrollo sostenible del país.

En cuanto a la obligatoriedad de la educación superior, los participantes se pronunciaron para que el Presupuesto de Egresos de la Federación y los presupuestos de egresos estatales para el ejercicio fiscal 2020, incluyan los recursos públicos necesarios, y se establezca el fondo federal especial al que se refiere el artículo decimoquinto transitorio del Decreto de la Reforma Constitucional publicada el 15 de mayo; además, se deberá contar con los recursos necesarios para el fortalecimiento de las instituciones públicas de formación docente.

De esta manera, se pronunciaron a favor para el establecimiento de un Acuerdo Nacional para la Transformación de la Educación Superior que conjunte las voluntades y las capacidades de los distintos órdenes de gobierno, del Poder Legislativo y de las autoridades, comunidades académicas, trabajadores y sindicatos de las instituciones públicas de educación superior.

Dicho acuerdo deberá tener como propósitos diseñar estrategias para atender el mandato de la reforma constitucional, el principio de obligatoriedad y la ampliación de la cobertura, apoyando la expansión de la oferta educativa en las modalidades presencial, abierta y a distancia.

Así como mejorar las funciones académicas de docencia, investigación, extensión y difusión de la cultura; fortalecer la coordinación, planeación y gobernanza del sistema de educación superior a nivel nacional y local; mejorar la gestión institucional, la transparencia y la rendición de cuentas; vincular los proyectos educativos con las necesidades de las comunidades sociales y productivas impulsando la formación dual, el emprendimiento y el desarrollo de las habilidades transversales demandadas por el trabajo.

Además de atender los problemas financieros de las universidades; diseñar un nuevo modelo de financiamiento de carácter plurianual que dé certeza y suficiencia presupuestal; y avanzar en el establecimiento de condiciones laborales dignas para los trabajadores académicos y administrativos.

“Ante la recurrencia del incumplimiento de diversos gobiernos estatales con los compromisos de financiamiento establecidos en los convenios de apoyo financiero a las instituciones públicas de educación superior, se deberán establecer normas y procedimientos eficaces para su cumplimiento en tiempo y forma”, declararon los participantes del encuentro.

Con el impulso a la transformación de la educación superior, así como las declaraciones, se refleja el compromiso de trabajar a favor de una nueva sociedad con democracia, justicia, inclusión y equidad, en la que toda la población disfrute de una vida digna en cuanto a seguridad, trabajo, salud y educación, con respeto pleno a los derechos humanos, a la dignidad de las personas y al medio ambiente.