Torreón brinda disculpa pública por hechos del 2009

Adncoahuila

El alcalde de Torreón, Jorge Zermeño Infante, como máxima autoridad de la ciudad, atiende directamente la petición de la CNDH y ofrece disculpas públicas, dirigida a víctimas y familiares de personas desaparecidas y que se mantuvo pendiente desde octubre de 2009

Torreón, Coah. 15 11 2019.- En atención a la recomendación No. 27VG/2019 de la Comisión Nacional de Derechos humanos (CNDH), en contra de diversas autoridades de nivel nacional, estatal y municipal, el alcalde, Jorge Zermeño Infante, ofreció este jueves en Sesión de Cabildo, una disculpa pública dirigida a víctimas y familiares de personas desaparecidas en octubre de 2009.

La sugerencia señala violaciones graves por la desaparición forzada, por parte de policías de la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM) de Torreón y por su detención arbitraria.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos, ha establecido en diversas sentencias, que las disculpas públicas resultan medidas de reparación suficientes y adecuadas para enmendar, en parte, las violaciones ocasionadas a las víctimas.

Zermeño Infante, precisó que los hechos ocurridos en el año 2009 son inaceptables y deben ser irrepetibles. Señaló que a pesar de los avances para el combate de este delito, como la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, falta trabajo para la adecuada procuración de justicia en el país.

«La disculpa pública no basta para reparar el profundo daño espiritual, moral y material ocasionado, ni para disminuir el daño a las víctimas. Asumo con dolor y preocupación, la recomendación 27VG/2019 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, y al hacerlo, establezco el compromiso personal, como autoridad ejecutiva y portador del Ayuntamiento, como órgano deliberante, de sensibilizar hasta el último de nuestros servidores públicos».

Cabe mencionar que esta observación está dirigida también, a personas servidoras públicas de la entonces Procuraduría General de la República (PGR) y de la Fiscalía General en Coahuila (FGC), por inadecuada procuración de justicia y a la verdad en agravio de sus familiares.