La “Ley Mordaza”: otro ataque a la democracia en México

México enfrenta una tormenta política en donde el poder y la libertad de expresión chocan de frente. La propuesta de nuevos lineamientos para los derechos de las audiencias ha sido cuestionada por periodistas y organizaciones como un posible mecanismo para limitar el periodismo de investigación. La pregunta es inevitable: ¿se busca proteger a las audiencias o controlar la información?

Por: Jorge Arturo Estrada García | México está atrapado. La censura gubernamental y la justicia transnacional, acechan. La «Ley Mordaza» es el más reciente intento, de un régimen por apagar las voces, antes de que las revelaciones en las cortes de Nueva York y la presión de Washington derrumben parte de su estructura de poder. El lema del Washington Post, advierte: “La democracia muere en la oscuridad”. En este momento, el gobierno mexicano está empeñado en imponer ese apagón informativo, un golpe letal para la frágil democracia mexicana.

¿Se busca proteger a las audiencias o controlar la información? Más bien, se trata de medidas autoritarias que buscan silenciar el escrutinio público. El morenismo, en el poder, está cercado judicialmente por su principal socio comercial. Entonces, la propuesta de “Lineamientos para los derechos de las audiencias”, impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum y Morena, ya ha sido denunciada como una “Ley Mordaza”; diseñada para otorgar, al Palacio Nacional, la facultad discrecional de definir qué es “información veraz”. 

De esta forma, los periodistas desde distintos frentes, han señalado, que este marco legal busca castigar con multas cuantiosas la difusión de «trascendidos» o filtraciones. Ambas, herramientas vitales del periodismo de investigación. Son recursos, que incluso han marcado la historia del periodismo como el Caso Watergate, las Masacres en Vietnam, o los Panama Papers.

Es evidente, que el trasfondo de esta ley no es la protección del ciudadano. Es una poderosa “cortina de humo” institucional para blindar al oficialismo ante los escándalos que emanan de las cortes estadounidenses. El 4 de agosto, pasado, fue una fecha clave: la audiencia del general Gerardo Mérida Sánchez en Nueva York, en donde la fiscalía presentó “evidencia abundante” sobre sus vínculos con el Cártel de Sinaloa. 

Entonces, la urgencia de controlar los contenidos en radio y televisión responde al temor de que se ventilen en México los detalles de la colusión de alguna figuras de Morena, como el gobernador Rubén Rocha Moya y el senador Enrique Inzunza, con organizaciones que Washington ya clasifica como «narcoterroristas».

En el vecino país las piezas se mueven en el tablero. La partida es clara. La figura que quita el sueño en Palacio Nacional es Jay Clayton, el nuevo director nacional de Inteligencia de Estados Unidos.. Clayton, ex fiscal del Distrito Sur de Nueva York, quien es el arquitecto de las investigaciones contra la narcopolítica mexicana y tiene bajo su mando la coordinación de las 18 agencias de inteligencia (CIA, FBI, DEA, entre otras). Con más de 200 expedientes cerrados contra políticos mexicanos, su ascenso significa que las acusaciones de complicidad con el crimen organizado ya no son vistas como asuntos de una «oficinita en Nueva York», sino como una prioridad de seguridad nacional de la administración de Donald Trump.

La relación bilateral ha tocado fondo. Donald Trump ha endurecido su retórica, compartiendo mensajes que sentencian que “México no es amigo de Estados Unidos” y acusando al gobierno de Sheinbaum de poner excusas para no combatir a los cárteles. Trump ha iniciado una “cacería” unilateral contra cárteles y sus “asociados” en el gobierno federal mexicano. Esta ofensiva incluye la revocación de visas a familiares de funcionarios y amenazas de detener el comercio si no se permite la intervención militar contra el narcoterrorismo.

En el frente interno, el gobierno ha intensificado sus ataques directos contra periodistas. La partida avanza. Veremos.