DEA pone la mira en funcionarios mexicanos por vínculos con delincuencia
Ciudad de México.— La Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) amplió su ofensiva contra el Cártel Jalisco y colocó bajo investigación a presuntos facilitadores dentro de estructuras del gobierno mexicano. Terry Cole, director de la agencia, afirmó que la estrategia estadounidense no se concentra únicamente en los dirigentes y operadores del grupo criminal, sino también en quienes, desde posiciones institucionales, presuntamente permiten o protegen sus actividades.
Cole sostuvo que la organización, delictiva, mantiene redes de influencia mediante violencia y corrupción.
Según el funcionario, las investigaciones estadounidenses apuntan a personas que presuntamente protegen a dirigentes del cártel o facilitan actividades relacionadas con el tráfico de drogas, lavado de dinero y violencia. Advirtió además que ningún cargo público o vínculo político debería impedir una investigación cuando existan elementos que relacionen a una persona con actividades criminales.
El señalamiento eleva la tensión en la relación de seguridad entre México y Estados Unidos, al incorporar la presunta complicidad institucional como uno de los objetivos de Washington. La DEA pretende identificar y perseguir no sólo a quienes participan directamente en las operaciones del CJNG, sino también a los llamados facilitadores que pudieran proporcionar protección, información, recursos o condiciones para mantener las estructuras criminales.
La ofensiva contempla además recompensas para otros siete integrantes de alto nivel de la delincuencia, por un monto conjunto superior a 100 millones de dólares. El nuevo enfoque estadounidense amplía así la persecución desde los capos y operadores del narcotráfico hacia quienes sean considerados facilitadores desde estructuras institucionales. Para México, el señalamiento abre un nuevo frente diplomático y de seguridad que exigirá investigaciones propias, cooperación internacional y transparencia, pero también respeto al debido proceso y a la soberanía nacional.