El congreso de NL reactiva juicio político contra posible interino de Samuel
Movimiento Ciudadano, consideran esta acción como un intento del PRIAN de inhabilitar a Navarro como gobernador interino.
Monterrey, NL.- En una inesperada y polémica decisión, la Comisión Jurisdiccional del Congreso del estado ha revivido el proceso de juicio político en contra del secretario general de Gobierno, Javier Navarro, más de seis meses después de su presentación inicial. Esta medida ha desencadenado fuertes alegatos, especialmente por parte de las diputadas de Movimiento Ciudadano, quienes ven en esta acción como un intento del PRIAN de inhabilitar a Navarro como gobernador interino.
El motivo de la atención del Congreso hacia Navarro radica en su falta de publicación de los decretos aprobados por los legisladores. Durante esta sesión, se desempolvó un expediente en el que se aprobó el rechazo a la solicitud presentada por el secretario de Gobierno, Javier Navarro. Esta solicitud buscaba que dos diputadas del PRI se abstuvieran de votar en su juicio político.
En una decisión tomada durante la sesión de última hora, se declaró que el incidente de recusación y declaración de impedimento legal era infundado. Esto implica que las diputadas Perla Villarreal y Jéssica Martínez, pertenecientes al Partido Revolucionario Institucional, participarán en el juicio.
El dictamen oficial indicó: «Las diputadas Perla de Los Ángeles Villarreal Valdez y Jessica Elodia Martínez Martínez están en aptitud para conocer el juicio político instaurado en contra de Javier Luis Navarro Velasco, en su calidad de secretario general de Gobierno del estado de Nuevo León, por lo cual se cierra el proceso en materia de incidente de recusación.»
Por su parte, las diputadas de Movimiento Ciudadano, Iraís Reyes y Sandra Pámanes, expresaron su descontento, argumentando que se les avisó con muy poca antelación sobre la convocatoria de la comisión y, por lo tanto, no tuvieron tiempo para revisar los acuerdos que rechazaban la solicitud de Navarro. También señalaron que habían transcurrido más de seis meses desde el inicio del juicio contra el secretario de Gobierno, por lo que consideran que dichos acuerdos no deberían haber sido sometidos a votación.
Sandra Pámanes enfatizó: «Las sanciones respectivas se aplicarán en un plazo no mayor a seis meses a partir de iniciado el procedimiento.»
