El T-MEC no se acaba pero será examinado anualmente; la incertidumbre será la marca de la época

Cada revisión abrirá la puerta para renegociar aranceles, cadenas de suministro, migración, seguridad, energía y combate al crimen organizado. El tratado comercial más importante del hemisferio deja de ser un acuerdo económico para convertirse en un estricto examen político anual.

Por: Jorge Arturo Estrada García | Washington cambia las reglas del juego. La decisión de sustituir la renovación del T-MEC por revisiones anuales no es, solamente, un ajuste técnico; es un mensaje de poder. La Casa Blanca abandona el escenario de la confianza y adopta el de la supervisión permanente. Así, se terminó la certidumbre que permitía planear inversiones durante décadas. Ahora, cada doce meses, México deberá demostrar que  es un socio confiable. Ya no bastará con presumir exportaciones récord ni con celebrar el crecimiento del comercio regional, que ya supera los 1.6 billones de dólares. Ahora, cada revisión abrirá la puerta para renegociar aranceles, cadenas de suministro, migración, seguridad, energía y combate al crimen organizado. El tratado comercial más importante del continente deja de ser un acuerdo económico para convertirse en un estricto examen político anual.

De esta forma, La industria automotriz será la primera en sentir el golpe. Ninguna armadora instala plantas multimillonarias ni diseña cadenas de suministro para treinta años cuando las reglas pueden cambiar de un año para el otro. El nearshoring, que convirtió al norte de México en la gran promesa industrial de América del Norte, entra en una zona de incertidumbre. Las grandes inversiones globales puede convivir con el riesgo cuando existen reglas claras; lo que no admite es la improvisación institucional. Mientras tanto, el gobierno estadounidense busca utilizar cada revisión del tratado para atraer de vuelta empleos manufactureros y fortalecer su aparato productivo, dejando claro que la competencia por las inversiones recién comienza.

Sin embargo, el verdadero campo de batalla ya no está en las fábricas, sino en los ductos, las aduanas y las cuentas bancarias. Los reportes del Departamento del Tesoro describen al huachicol fiscal como la segunda fuente de ingresos de los cárteles mexicanos, solo detrás del narcotráfico. Así, decenas de miles de millones de dólares desaparecen mediante redes de contrabando, empresas fachada y facturación falsa, mientras entre una cuarta parte y un tercio del combustible que circula en México podría tener un origen ilícito. Más inquietante aún es la advertencia de que parte de esas ganancias habría servido para financiar campañas políticas, comprar voluntades y abrir las puertas del gobierno a las organizaciones criminales. Si esa hipótesis se sigue fortaleciendo, el comercio dejará de ser un asunto, estrictamente, económico para convertirse en un asunto de seguridad nacional.

Indudablemente, la relación entre México y Estados Unidos acaba de entrar en una nueva era. Washington ya no evaluará únicamente el cumplimiento de las reglas comerciales; examinará la fortaleza de las instituciones mexicanas, la eficacia contra el crimen organizado, la transparencia del sector energético y la capacidad del Estado para impedir que el dinero ilegal se apodere de la política. 

Es evidente, que la estabilidad que alguna vez dio vida al T-MEC ha sido reemplazada por una vigilancia permanente. El reloj comenzó a correr y cada revisión anual será un juicio sobre el rumbo del país. La interrogante ya no es si México conservará los beneficios del tratado. La verdadera incógnita es si el Estado mexicano será capaz de aprobar, año tras año, el examen que le impondrá su principal socio comercial. Veremos.

El Departamento del Tesoro subraya que el contrabando de hidrocarburos es actualmente la segunda fuente de ingresos más importante para los cárteles mexicanos, solo por detrás del narcotráfico tradicional. Estas actividades han provocado la pérdida de decenas de miles de millones de dólares en ingresos fiscales para el gobierno mexicano. Además, las ganancias obtenidas de este mercado ilícito son utilizadas por el CJNG para financiar sus campañas de tráfico de drogas hacia Estados Unidos y para ejercer violencia contra las fuerzas de seguridad mexicanas en la frontera suroeste.

Un aspecto alarmante del reporte indica que los cárteles destinan los beneficios del huachicol fiscal para realizar pagos en efectivo a campañas políticas y medios de comunicación en México. El objetivo de este financiamiento es asegurar la elección de políticos corruptos que, una vez en el poder, faciliten a los cárteles el control de posiciones administrativas clave y el acceso a contratos estatales. Esta dinámica permite a las organizaciones criminales utilizar las propias estructuras del Estado para lavar dinero y expandir sus operaciones de contrabando sin interferencia.