Hasta tres años de prisión quien incumpla pensión alimenticia, en Coahuila: Emilio De Hoyos

Adncoahuila

El diputado Emilio Alejandro De Hoyos Montemayor, conjuntamente con la diputada Zulmma Verenice Guerrero Cázares plantearon la propuesta de clarificar la redacción del artículo 254 del llamado Nuevo Código Penal, para que el juzgador tenga las herramientas necesarias a la hora de juzgar a quienes incumplen con dicha responsabilidad.

Saltillo.- El Grupo Parlamentario de Unidad Democrática de Coahuila (GPUDC) propuso reformas al Código Penal para castigar con penas de tres meses a tres años de prisión a quien incumpla injustificadamente las obligaciones alimenticias de sus hijos en Coahuila.

El diputado Emilio Alejandro De Hoyos Montemayor, conjuntamente con la diputada Zulmma Verenice Guerrero Cázares plantearon la propuesta de clarificar la redacción del artículo 254 del llamado Nuevo Código Penal, para que el juzgador tenga las herramientas necesarias a la hora de juzgar a quienes incumplen con dicha responsabilidad.

La reforma plantea la siguiente redacción:

Artículo 254 (Incumplimiento injustificado de obligaciones alimenticias)

Se impondrá de tres meses a tres años de prisión, multa, suspensión de los derechos de la familia y la reparación del daño a quien no le proporcione, en lo posible, los recursos necesarios a cualquier persona respecto de la que tenga obligación legal de proveer a su alimentación, habitación, salud y/o educación.

“La propuesta que planteo se refiere a los casos de incumplimiento de la obligación de dar alimentos entre padres e hijos, adoptantes y adoptados, básicamente; y no así a la que deriva de proveídos judiciales entre cónyuges, concubinos o relaciones estables. A éstos últimos, la sanción penal aplicable está prevista en el artículo 255 de manera específica”, expuso De Hoyos Montemayor.

Ejemplificó que los embarazos entre jóvenes adolescentes han propiciado el incumplimiento de las obligaciones alimenticias, y aunque en la entidad existen diversas políticas públicas encaminadas a la protección de jóvenes, en condición de embarazo adolescente, que tienen como finalidad, sobre todo, evitar la deserción escolar y procurar afianzar su personalidad y su autonomía económica a través de habilidades para el trabajo, también es importante reforzar el marco legislativo.