La reforma energética de AMLO enfrenta una batalla legal

Asociaciones ambientalistas, empresas afectadas y partidos de la oposición se preparan para impugnar el nuevo modelo ante los tribunales tras su aprobación en el Congreso

CDMX 6 03 2021.- La aprobación legislativa de la polémica reforma energética del Gobierno mexicano se hizo a la carrera. Al Senado, en particular, le bastó una semana para discutirla y votarla. Pero su paso por el Congreso es solo la antesala de una batalla que puede durar más de un año, la que se disputará a partir de ahora en tribunales domésticos e internacionales. A la espera de que se promulgue la nueva norma, las empresas que se consideran afectadas, asociaciones civiles que temen un impacto al medioambiente y los partidos de oposición que buscan poner trabas a una de las prioridades del Gobierno afilan un abanico de cuchillos legales con que invalidar la reforma o, al menos, retrasar su aplicación.
¿Es o no es constitucional? La legalidad de la reforma, que limita la participación privada en el sector energético y margina a las renovables, ha centrado el debate político. El Gobierno y Morena, el partido mayoritario, insisten en que sí lo es, ya que la carta magna reserva al Estado la planeación y control del sistema eléctrico. “La Constitución no estableció ninguna regla para la participación de particulares en áreas exclusivas del Estado; lo dejó todo a la ley”, sostuvo el martes Ricardo Monreal, jefe de la bancada de Morena en el Senado. Para el presidente Andrés Manuel López Obrador tampoco “hay nada que viole derechos constitucionales, nada, nada, nada. De todos modos, (…) todo el mundo tiene derecho a acudir a la protección de la justicia”, señaló el miércoles, una semana después de tildar de “traidores a la patria” a los abogados que ayuden a las empresas a litigar.
Mientras, los opositores al proyecto ponen el énfasis en la supuesta violación del derecho a un medioambiente sano y del principio de libre competencia, mencionados en la carta magna. Señalan, además, que si bien la Constitución es vaga en ciertos aspectos como defiende Monreal, el texto cuenta con una batería de artículos transitorios que detallan los contornos de la participación privada y afianzan la liberalización del sector impulsada por la Administración de Enrique Peña Nieto. Sortearlos puede requerir otra reforma constitucional, una opción con la que ha jugueteado el presidente pero que es irrealizable en este momento al carecer Morena de una mayoría cualificada en el Congreso. “Esta ley cambia las condiciones del mercado y lo hace fuera del marco constitucional”, apunta el abogado Óscar Cruz, de la UNAM.
Con Información de EL PAÍS